De las calendas a los idus de agosto.

          En el mundo romano Kalendas hacía referencia a la luna creciente y por tanto a los días primeros de cada mes mientras que los idus se situaban en torno a los días trece al quince dependiendo de la luna llena. Me vino este pensamiento extravagante a la cabeza contemplando el calendario aprobado mediante   Real Decreto por el Gobierno en el que se establecían como inhábiles a efectos procesales los días comprendidos entre el 1 y el 11 de agosto, o lo que es lo mismo, las calendas, nonas e idus de nuestro mundo clásico.

         Y con esta cantinela me dispuse a darle alguna vuelta al asunto: en primer lugar, la procedencia jurídica de recortar mediante  Real Decreto la inhabilitación del referido mes de agosto que viene contemplada en una Ley Orgánica cual es la del Poder Judicial; en segundo lugar, la legalidad de las Comisiones Permanentes de los Colegios de Abogados para oponerse tan furibundamente a esa habilitación parcial sin haber realizado una somera consulta, ahora que está tan de moda el uso de los medios telemáticos, a sus colegiados. Es decir, las Comisiones, como órganos de una Junta de Gobierno elegida democráticamente, tienen legitimidad para pronunciarse; sin embargo, ante asunto tan novedoso, dudo mucho que el criterio de unos cuantos componentes sea suficiente y mucho menos responda mayoritariamente a lo que opina el colectivo.

Frente a la situación penosa de unos bufetes que se han visto obligados a cerrar, los pequeños y medianos, y otros que han debido recurrir a la figura del ERTE, los grandes, ante la suspensión de plazos, litigios y juicios, tanto en sede judicial como administrativa debido al Decreto del estado de Alama; frente a unos profesionales ansiosos por retomar sus labores y poder así enjugar el gran agujero económico que se ha producido en sus despachos, se alza el Colegio Profesional con pocas o nulas razones de tipo jurídicos, funcionales o logísticas, demandando la inhabilitación completa del mes de Agosto y la derogación del  Real Decreto que la suspende.

Las dos razones aducidas que más se reiteran son la del derecho al descanso y a la conciliación familiar; o por lo menos eso es lo que he leído en los múltiples comunicados remitidos y en las cuñas de radio y televisión.

Solo desde un humor muy negro se le podría contestar a nuestros dignos representantes colegiales que hemos descansado mucho, muchísimo, en estos meses de estado de alarma. Con toda seguridad, no en la playa ni con una copa en la mano, pero si dejando transcurrir largas horas alejados de nuestros expedientes sin más cuitas jurídicas que aquéllas que se derivaban de nuestra falta de ingresos. En cuanto a la conciliación, vaya la una impuesta con la otra, la referida alarma nos ha obligado a conciliar las veinticuatro horas del día debido al confinamiento; una situación mucho más estresante que tener los niños jugando en la arena mientras tomamos el aperitivo, puede ser, pero acercamiento familiar, con complicidad o sin ella, ha habido una buena dosis.

Mi bufete, que no puede ser considerado uno de los grandes bufetes, desde que me alcanza el recuerdo no cierra en agosto por lo que este artículo me roza de forma tangencial.  Hace muchos años comprendí que mis clientes me necesitan con independencia del mes del calendario o de que los juzgados y tribunales estén abiertos o cerrados, y que era surrealista oponer como excusa a mi falta de atención el que el mes de agosto era inhábil, los problemas y las consultas no entienden de cierres judiciales. He de añadir que gracias a esta disponibilidad he facturado siempre unos extras en ese mes y he mantenido mi negocio en funcionamiento cuando otros habían cerrado. Nunca me impidió ello descansar o conciliar, he viajado por todo el mundo y he cambiado las fechas de mis vacaciones de un mes a otro dependiendo de la disponibilidad que me brindaba el bufete, ni más, ni menos que como el resto de los autónomos.

     Un negocio, porque  vivimos de ello – un bufete por causas más excelsas que se defiendan no deja de ser un negocio del que pretendemos ganarnos la vida-, no puede estar inactivo por mucha Ley Orgánica que lo contemple, un mes al año. Eso significa condenarlo al cierre y a una labor titánica de ajuste en septiembre ya que los gastos ocasionados en agosto son los mismos, mucho más en estas circunstancias después del cierre obligado y lo inhábil de estos dos meses de estado de alarma.

(Imagen: Los Idus de agosto, Acuarela de Pablo Robello)  

Así, he de decir, aun a riesgo de representar la voz de una minoría dentro de mi colectivo, que me satisfizo la oportunidad de reponer algo la facturación en el mes de agosto quizás resolviendo los trámites judiciales que quedaron pendientes en este periodo tan aciago, como asistiendo a vistas suspendidas también estos meses que a su vez responderían a un deseo de la ciudadanía de ver sus asuntos terminados mejor antes que después y con independencia de lo que marque el termómetro que, por otro lado, marca igual en julio, agosto o septiembre. Pero no ha habido manera, esa posibilidad nos ha sido, a mi y a tantos otros profesionales, así como a los ciudadanos, cercenada ya definitivamente: el Consejo General del Poder Judicial, alineado con las posturas de los colegios profesionales ha derogado de facto, el contenido del Real Decreto animando a la carrera judicial a tomar vacaciones mayormente en agosto, cuando de forma habitual lo ha hecho a lo largo de todo el verano; instando a los órganos judiciales a la evitación de los juicios y vistas; y, entre otros, promocionando los actos de mero trámite en detrimento de resoluciones que puedan acarrear recursos, es decir, las esperadas sentencias de los asuntos.

Este panorama, con el atraso que vamos arrastrando de estos meses de inactividad, insulta a la inteligencia cuando se quiere justificar en base a unos argumentos endebles que no hacen sino perpetuar el retraso endémico e histórico de nuestros juzgados en la resolución de asuntos; no creo que en esta crisis económica pueda facilitar la recuperación de los bufetes, ni estimo  que  la mayoría de mis compañeros puedan permitirse un mes de vacaciones alejados de su medio de vida.  Por eso, y a falta de mayores profundidades, solo entiendo las presiones corporativas y las medidas adoptadas por el CGPJ como una postura política de Oposición. El tercer poder, el mundo judicial, y todos los que lo rodeamos como satélites que esperan un poco de su luz, hemos decidido hidalgamente pegarnos un tiro en el pié.

Carmen Pérez Alfonso

 Abogada y Periodista